En el día en el que entra en vigor la ley de eutanasia en España, el obispo de Menorca, Mons. Francisco Conesa, nos hace llegar la siguiente reflexión titulada “Apostar siempre por la vida”.
Ante el sufrimiento, el dolor o la muerte, los seres humanos no podemos sino apostar siempre por la vida. Esta es nuestra condición: llevamos en nuestras entrañas el deseo de vivir y de ser felices y, por eso, nunca nos cansamos de soñar y proyectar. Aunque nos encontremos en situaciones extremas de pobreza o de enfermedad, siempre apostamos por la vida, porque siempre vale la pena vivir. Por eso, la muerte es una derrota; el suicidio contradice la esencia misma de nuestro ser; acabar con la vida de otra persona o ayudarle a suicidarse es siempre un fracaso.
Me vienen a la cabeza estas reflexiones en el día que entra en vigor una ley de eutanasia aprobada entre aplausos en el parlamento, pero que fue elaborada a toda prisa en medio de un estado de excepción, sin consenso social y sin haber escuchado no sólo la voz de las religiones sino tampoco a los colegios médicos ni al comité de bioética de España. Nuestro país ha apostado por la muerte como respuesta al dolor, pero la muerte no es nunca la solución. La respuesta a un problema no puede ser acabar con la persona que lo padece.
Otros países de nuestro entorno han sabido ofrecer una respuesta más adecuada al sufrimiento, desarrollando leyes de cuidados paliativos, un tema en el que nuestro país se encuentra a la cola de Europa. Hoy en día es posible aliviar el dolor sin suprimir al enfermo. Para que estos cuidados paliativos sean adecuados, no deben limitarse a inyectar sedantes, sino que han de tener en cuenta los aspectos psicológicos y espirituales, tan importantes para el bienestar de la persona. Es también muy importante, garantizar el cuidado de la familia del enfermo.
Por otra parte, la ley que nuestro parlamento aprobó, ofrece serias dudas de carácter legal, según el juicio de muchos expertos. De una primera lectura de la misma, a mi me sorprenden dos cosas. La primera es que un médico pueda declarar una “situación de incapacidad de hecho” (art. 5, 2 y 3, apartado h) de un paciente, sin la tutela de ningún juez, cuando cualquier situación de incapacidad así lo requiere. La segunda es que, según se establece en la disposición adicional primera, la muerte como consecuencia de la eutanasia se considerará legalmente “muerte natural a todos los efectos”. Es decir, en el certificado de defunción constará que murió de “muerte natural”, lo que corta el paso a cualquier demanda de un familiar si sospecha que ha habido mala praxis médica.
Creo que, quienes apostamos por la vida, hemos de trabajar en tres direcciones. La primera es conseguir que se desarrolle una ley que garantice unos cuidados paliativos que ayuden a vivir la enfermedad sin dolor y que posibilite el acompañamiento integral del enfermo. La segunda es facilitar el “testamento vital” y vigilar para que se respete, con el fin de que las personas puedan manifestar anticipadamente la voluntad de no ser sometidas a la eutanasia, si así lo quieren. En tercer lugar, creo que, frente a la cultura de la muerte, debemos seguir difundiendo una mentalidad a favor de la vida humana hasta conseguir que sea abolida esta ley, que ha modificado radicalmente los fines del Estado, el cual en lugar de defender la vida se hace responsable de la muerte infligida. Nuestra convicción es que cualquier vida humana es digna de ser vivida, y siempre merece ser cuidada, respetada y amada.
+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca
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